México empuja a 5 millones de jóvenes a la delincuencia

Ven en crimen una oferta más redituable que en el empleo formal

Casi una cuarta parte de los 27 millones de jóvenes del país no estudian ni trabajan. Cinco millones tienen pocas oportunidades de entrar a la Población Económicamente Activa, por lo que ser delincuente es más redituable que obtener un empleo y, si los atrapan, el sistema penal los induce más al crimen sin readaptarlos.

Es el caso de Edwin, que a sus 21 años ha entrado dos veces al tutelar de menores y una a la cárcel, acusado de robo. Fue tratado como esclavo por los reos y sólo encontró en la calle, en la pandilla, la familia que nunca tuvo.

No es el único. Están también El Memo, que roba autos por 3 mil pesos cada uno, o Manuel y Ricardo quienes, siendo pareja, se prostituyen porque de esa forman cuadruplican los ingresos que tenían cuando trabajaban para una empresa telefónica que les ofrecía un sueldo de hambre.

La mayor parte de los reclusos del país son menores de 30 años, jóvenes encerrados en cárceles o consejos tutelares donde se "gradúan" en criminalidad en lugar de readaptarse a la sociedad.

Cerca de 70% de adolescentes y muchachos mayores de edad están en prisión por robo; la mitad de ellos hurtó objetos con un valor menor a los 6 mil pesos y una cuarta parte arrebató cosas que no valían ni mil.

De los consignados, 70% son "novatos" en las cárceles, los más maltratados por los reincidentes.

Su readaptación es impensable en prisiones saturadas hasta en 300%. Son simples "cajas de humanos", detalla el investigador y maestro en Políticas Públicas, Guillermo Zepeda Lecuona.

La delincuencia tiene en la juventud sin ocupación un enorme campo fértil. Los coopta por todo el país, desde la colonia San Simón, en el DF, hasta en los barrios más recios de Mexicali, donde existen 122 pandillas de delincuentes juveniles, que cometen 70% de los ilícitos de la ciudad.

¿Apelar al rescate gubernamental? Impensable. Las política hacia la juventud, desde la mitad del siglo pasado, sólo ha usado como "carne de cañón" a los jóvenes; porros al servicio de los partidos políticos.

Por su parte, las empresas privadas no ofrecen incentivos atractivos para incorporar a los jóvenes al campo de trabajo. Sueldos magros, sin prestaciones, es lo más que les ofrecen.

En todos los países de la región existen salidas. Esfuerzos individuales o de pequeñas organizaciones que por medio de oficios, deporte y arte sacan a los jóvenes del círculo de violencia o previenen que ingresen a él. Pero el gobierno mexicano, al igual que otros en la región, se concentran sólo en estrategias policiacas, las cuales siguen fracasando no sólo en este país, sino en todo el mundo.

Fuente: El Universal

La protesta social, ¿peligro para México?

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) está enfrentando el reto de conducir el movimiento magisterial por la abrogación de la Ley del ISSSTE con todo el esfuerzo y dedicación que implica. Hasta ahora sus resultados son positivos en cuanto a la capacidad de realizar movilizaciones simultáneas en la capital de la República y en buen número de escuelas en entidades federativas. Como sabemos, esta postura es compartida por importantes sindicatos de instituciones de educación superior y empleados públicos de todo el país. Sin embargo, aún habrá de avanzar hasta constituir un contrapeso que se imponga frente a la alianza pactada en el PRIAN con el respaldo del ocupante de Los Pinos y, sobre todo, del "gordillismo", que hegemoniza al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Estamos ante una reforma, la del ISSSTE, que, aparte de ser expresión de los anhelos neoliberales, constituye un laboratorio para medir fuerzas con el movimiento social y desplegar más tarde el conjunto de las llamadas reformas estructurales. De ahí los afanes oficiales de minimizar las protestas y desestimar los alcances de los planteamientos jurídicos expresados en las decenas de miles de juicios de amparo promovidos.

El calderonismo está jugando con fuego y aplicando la máxima salinista "ni los veo ni los oigo"; por ello no se compromete con algún cauce institucional que abra la puerta a la revisión de la ley que se objeta, esperando, vanamente, que el movimiento de rechazo se diluya por sí mismo. También está dispuesto a criminalizar el movimiento, como ha hecho con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y con el liderazgo de San Salvador Atenco.

En este contexto resulta sumamente grave el clima de linchamiento mediático contra los maestros y la CNTE, que exacerba el ánimo ciudadano, especialmente en el Distrito Federal, en torno al impacto negativo que su presencia pueda causar en la ciudad. De manera similar a lo que hicieron frente al plantón del movimiento contra el fraude electoral en 2006, ahora recurren a las asociaciones de comercio para darles la voz sobre las supuestas pérdidas multimillonarias que sufren ante cada marcha o mitin.

Bien sabemos que no son las movilizaciones políticas las únicas causas de congestión vehicular en la ciudad de México: cualquier tormenta, tráiler volcado o atorado en un paso a desnivel la desencadenan, como también los grandes juegos deportivos, ante los cuales los locutores nunca han pedido que se suspendan y simplemente "orientan "sobre las vías más adecuadas para desplazarse.

Por supuesto que a nadie le gusta quedar atrapado en un embotellamiento de tránsito; sin embargo, tratándose de movilizaciones políticas en una sociedad democrática se tendría que respetar el ejercicio de derechos constitucionales como libertad de expresión, de organización y, por ende, de protesta, cuya dimensión está por encima de reglamentos de tránsito.

A este respecto cabe señalar que la garantía constitucional de tránsito no se refiere al desplazamiento de vehículos automotores con un ciudadano o ciudadana al mando, sino a la posibilidad de que transitemos por todo el país sin cortapisas, pasaportes internos o prohibición alguna.

El linchamiento no se reduce a denostar al magisterio y a descalificar su decisión de protestar, sino que se ha llegado al extremo de "recordarles" - es decir, amenazarlos- que Flavio Sosa e Ignacio Del Valle están en penales de alta seguridad y que a pesar de ello "no aprendieron", o a señalar, "alarmados", que ya tenemos un Oaxaca en el Distrito Federal y que va siendo tiempo de "poner orden".

En este clima de enrarecimiento, las autoridades de seguridad pública en el Distrito Federal tendrán que reforzar sus convicciones y experiencia, ampliamente probadas en el plantón de 2006, independientemente de que el movimiento debe cuidarse de la intervención de provocadores.

A este respecto John Rawls, en su Teoría de la justicia, nos recuerda que el problema de la obediencia irrestricta a normas de concordia ciudadana por parte de quienes sufren injusticias nos hace ver que la responsabilidad no recae en aquellos que protestan, sino en aquellos cuyo abuso de poder y de autoridad provocó tal oposición. Lo que están haciendo los maestros es resistirse a la decisión ilegítima de privarlos de derechos y garantías sociales que no les fueron regalados, sino que son resultado de luchas populares de enorme envergadura.

Desgraciadamente, la mayoría de los medios en nuestro país, especialmente radio y televisión, no están dispuestos a transmitir semejantes consideraciones democráticas. Atizan la hoguera y preparan el terreno para cobijar las decisiones del poder. Pese a ello, la protesta social seguirá y la cadena de movimientos irá creciendo porque el rechazo a la llamada Ley del ISSSTE es sólo un eslabón.

Fuente: La Jornada