Se consuma en el Senado de EU la legalización de la tortura

El día de ayer será recordado como una fecha trágica para Estados Unidos y para el resto del mundo: el Senado de ese país se plegó a las exigencias del gobierno de George Walker Bush y legalizó ­después de que, la víspera, la Cámara de Representantes hiciera otro tanto­ la liquidación de los derechos humanos de los sospechosos de terrorismo. En adelante, será legal la detención de una persona por tiempo indefinido y sin presentación de cargos, será legal el uso de pruebas obtenidas mediante coerción y serán legales prácticas de interrogatorio como la privación de sueño por periodos prolongados o exponer a los interrogados a bajas temperaturas. Para aprobar semejantes atrocidades, los legisladores del país vecino recurrieron a una argucia simple: manifestar que tales tormentos no se llaman tortura.

La aprobación de estas medidas marca un retroceso sin precedente en materia de derechos humanos, garantías individuales y libertades, una recaída en la barbarie comparable a las disposiciones de segregación adoptadas en la Alemania nazi y en la Sudáfrica racista, y se traduce en un estado de indefensión jurídica para cualquier habitante de este planeta que tenga la desgracia de ser considerado sospechoso de terrorismo o potencial "combatiente enemigo" a discreción de cualquier oficial del gobierno estadunidense. Con esta disposición denominada "Ley sobre Comisiones Militares de 2006", muchos de los atropellos perpetrados en Abu Ghraib y Guantánamo pueden ya ser tomados como práctica válida y rutinaria.

Bush no pudo ocultar la verdadera dimensión de estas normas: los interrogadores estadunidenses, dijo, "no quieren que los juzguen como criminales de guerra". Para calmar esas inquietudes, en suma, se procedió a legalizar algunos crímenes de guerra.

Mal harían los ciudadanos del país vecino en suponer que esa legislación monstruosa será aplicada exclusivamente a extranjeros. Más temprano que tarde, el permiso para torturar será empleado contra los propios estadunidenses, por más que, en lo inmediato, son ciertamente los nacionales de otros países los que se encuentran en mayor peligro.